Así, el principio general

Así, el principio general de no discriminación por razón de sexo establecido en el texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por el Decreto 315/1964, de 7 de febrero, se encontraba limitado en su aplicación por otras normas. La Ley 56/1961, de 22 de julio, justificaba la discriminación basada en «hechos o circunstancias naturales de tan fácil y obvia comprensión que resulta redundante o inútil su justificación en detalle», mientras que la legislación vigente establecía respecto a la mujer casada otra patente discriminación en sus oportunidades de ingreso en la función pública fundamentada en lo que se consideraba «la potestad de dirección que la naturaleza, la religión y la historia atribuyen al marido».

El desarrollo del derecho constitucional a la igualdad y de los principios constitucionales de mérito y capacidad en el acceso a la función pública supuso un paso necesario para superar la situación de desigualdad jurídica entre ambos sexos, anteriormente existente, en el desempeño del servicio público.

La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, su posterior desarrollo reglamentario por los Reales Decretos 364/1995, de 10 de marzo, y 365/1995, de 10 de marzo, y, más recientemente, la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, por las que se transpusieron al ordenamiento jurídico español las Directivas 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, y 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, contribuyeron, asimismo, positivamente al desarrollo en nuestras Administraciones públicas del principio de igualdad de género.

Eliminados los obstáculos jurídicos que impedían a las mujeres desempeñar un empleo publico en condiciones de igualdad, todavía perviven, sin embargo, dificultades para erradicar por completo la discriminación de las mujeres en las Administraciones públicas, sobre todo, en lo que se refiere a su promoción profesional a puestos de decisión.

Por otra parte, la creciente incorporación de la mujer al mercado de trabajo no se ha visto acompañada suficientemente de medidas que favorezcan la consolidación de una nueva forma de cooperación y compromiso entre hombres y mujeres y que permitan un reparto equilibrado de responsabilidades entre ambos sexos en la vida profesional y privada.

Por todo ello, resulta prioritario establecer un modelo que prevea, además de las garantías jurídicas del derecho a la igualdad, las nuevas relaciones sociales surgidas de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y promuevan la consolidación de una cultura profesional plenamente comprometida con la igualdad real de oportunidades de ambos sexos en el acceso al empleo público y en la promoción profesional de quienes trabajan en la Administración al servicio de la ciudadanía.

Con esta finalidad, el Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado, que se aprueba en este acuerdo, establece un conjunto de medidas para eliminar los obstáculos que todavía se constatan para garantizar en la práctica la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso y desempeño del servicio público. Entre estas medidas, se incluyen actuaciones positivas para favorecer la promoción de las mujeres a puestos de mayor categoría, asegurar la conciliación de sus responsabilidades profesionales con su vida personal y familiar y promover la cultura de corresponsabilidad entre ambos sexos.

Escrito por cursoscontabilidad el 06/06/2011 18:01 | Comentarios (0)

El Tribunal se constituirá

Dos. El Tribunal se constituirá dentro de los quince días siguientes a la fecha de publicación de los últimos nombramientos, si todas las propuestas se elevasen dentro del mismo período de sesiones. En otro caso se constituirá y comenzará a ejercer sus competencias, en los quince días siguientes, al término del período de sesiones dentro del que se hubiesen efectuado los ocho primeros nombramientos, cualquiera que sea la razón que motive la falta de nombramiento de la totalidad de los Magistrados previstos en el artículo quinto de esta Ley.

Tres. En el primer concurso-oposición la selección de los Letrados del Tribunal Constitucional se realizará por una Comisión del propio Tribunal designada por el Pleno de éste y presidida por el Presidente del Tribunal.

Uno. Los plazos previstos en esta Ley para interponer el recurso de inconstitucionalidad o de amparo o promover un conflicto constitucional comenzarán a contarse desde el día en que quede constituido el Tribunal de acuerdo con la disposición transitoria anterior, cuando las Leyes, disposiciones, resoluciones o actos que originen el recurso o conflicto fueran anteriores a aquella fecha y no hubieran agotado sus efectos.

Dos. En tanto no sean desarrolladas las previsiones del artículo 53.2 de la Constitución para configurar el procedimiento judicial de protección de los derechos y libertades fundamentales se entenderá que la vía judicial previa a la interposición del recurso de amparo será la contencioso-administrativa ordinaria o la configurada en la Sección segunda de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, sobre protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, a cuyos efectos el ámbito de la misma se entiende extendido a todos los derechos y libertades a que se refiere el expresado artículo 53.2 de la Constitución.

Uno. Los sorteos a que se refiere la disposición transitoria novena de la Constitución se efectuarán dentro del cuarto mes anterior a la fecha en que se cumplen, respectivamente, los tres o los seis años de aquella otra en que se produjo la inicial designación de los Magistrados del Tribunal Constitucional.

Dos. No será aplicable la limitación establecida en el artículo 16.2 de esta Ley a los Magistrados del Tribunal que cesaran en sus cargos, en virtud de lo establecido en la disposición transitoria novena de la Constitución, a los tres años de su designación.

El Gobierno habilitará los créditos necesarios para el funcionamiento del Tribunal Constitucional hasta que este disponga de presupuesto propio.

En el caso de Navarra, y salvo que de conformidad con la disposición transitoria cuarta de la Constitución ejerciera su derecho a incorporarse al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, la legitimación para suscitar los conflictos previstos en el artículo 2º,1,c), y para promover el recurso de inconstitucionalidad que el artículo 32 confiere a los órganos de las Comunidades Autónomas se entenderá conferida a la Diputación y al Parlamento Foral de Navarra.

Uno. El Tribunal Constitucional dispondrá inicialmente de dieciséis Letrados y de tres Secretarios de Justicia.

Dos. El Tribunal, una vez instituido, establecerá la plantilla de su personal, que sólo podrá ser modificada a través de la Ley de Presupuestos.

Uno. El Tribunal elaborará su presupuesto, que figurará como una sección dentro de los Presupuestos Generales del Estado .

Dos. El Secretario general, asistido de personal técnico, asumirá la preparación, ejecución y liquidación de presupuesto.

Uno. Las referencias a las provincias contenidas en esta Ley se entenderán realizadas a las islas en las Comunidades Autónomas de las Illes Balears y Canarias.

Dos.　 Además de los sujetos legitimados de acuerdo con el artículo 75 ter.uno lo estarán también, frente a leyes y disposiciones normativas con rango de Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias, tres Cabildos, y de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, dos Consejos Insulares, aun cuando en ambos casos no se alcance el porcentaje de población exigido en dicho precepto.

TEMA 3

Escrito por cursoscontabilidad el 02/06/2011 18:26 | Comentarios (0)

En consecuencia

2. En consecuencia, a partir de 1 de enero de 2006 las cifras que figuran en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y en el texto de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, por la que se regulan los procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, deben ser sustituidas por las resultantes de la comunicación de la Comisión Europea en los siguientes términos:

a) En los contratos de obras:

La cifra de 5.923.000 euros por la de 5.278.227 euros, equivalente a 5.000.000 de derechos especiales de giro (DEG), en el artículo 2.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La cifra de 5.923.624 euros por la de 5.278.227 euros, equivalente a 5.000.000 de derechos especiales de giro (DEG), en los artículos 135.1, 140.2, 152.1 y 237.2, letra a), de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el artículo 8.2, letra c) de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre.

b) En los contratos de suministro, de consultoría y asistencia y de servicios:

La cifra de 236.000 euros por la de 211.129 euros, equivalente a 200.000 derechos especiales de giro (DEG), en el artículo 2.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La cifra de 236.945 euros por la de 211.129 euros, equivalente a 200.000 derechos especiales de giro (DEG), en los artículos 177.2 y 203.2, letra c), de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La cifra de 154.014 euros por la de 137.234 euros, equivalente a 130.000 derechos especiales de giro (DEG), en los artículos 177.2 y 203.2, letra b), de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La cifra de 473.890 euros por la de 422.258 euros, equivalente a 400.000 derechos especiales de giro (DEG), en los artículos 8.2, letra a), y 38.1, letra b), de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre.

Escrito por cursoscontabilidad el 30/05/2011 21:07 | Comentarios (0)

2. BASE LIQUIDABLE

-         Seguros de Vida

-         Valor de rescate en el momento del devengo del impuesto.

-         Rentas temporales y vitalicias

-         Valor de capitalización a la fecha de devengo del Impuesto, aplicando las reglas del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

-         Joyas, pieles de carácter suntuario, vehículos, embarcaciones y aviones, objetos de arte y antigüedades.

-         Valor de mercado a la fecha de devengo del impuesto.

-         Derechos reales.

-         Usufructo temporal: 2% por año con un máximo del 70%.

-         Vitalicios: 70% del valor del bien cuando el usufructuario tenga menos de 20 años, minorando en un 1% por cada año de mas con un limite mínimo del 10%.

-         Nuda propiedad: diferencia entre el valor total y el valor de usufructo.

-         Concesiones administrativas

-         Valor señalado por la Administración Pública.

-         Capitalización al 10% del canon de explotación si al duración fuese superior a un año.

-         Derechos derivados de la propiedad intelectual en industrial.

-         Valor de adquisición

-         Opciones de compra

-         Precio especial convenido o, en su defecto, el 5% de la base aplicable a dichos contratos.

-         Demás bienes y derechos de contenido económico.

-         Valor de mercado a fecha del devengo.

-         Deudas.

-         Valor nominal fecha del devengo.

-         Deducibles: si están justificadas.

-         No deducibles: cantidades avaladas hasta que el deudor resulte fallido. Hipoteca que garantice el precio aplazado.

-         Determinación de la Base Imponible

-         Régimen de Estimación Directa

-         Subsidiariamente: estimación indirecta.

2.      BASE LIQUIDABLE

-         BI menos deducciones.

-         Residentes: reducción de 18.000.000 pesetas, salvo que la Comunidad Autónoma hubiese establecido otro importe distinto.

-         No residentes: no tienen reducción.

3.      DEVENGO

-         El impuesto se devenga a 31 de Diciembre.

4.      DEUDA TRIBUTARIA

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-         Tanto en obligación personal como en obligación real se aplicará la siguiente escala:

Las Comunidades Autónomas que no hubiesen aprobado su escala, aplicarán la escala anterior.

5.      CUOTA CONJUNTA IRPF – IPTO. PATRIMONIO

-         Limite sumas cuotas IRPF e IP = 70% BI del IRPF.

-         Se excluirá: parte de cuota integra del impuesto del patrimonio correspondiente a elementos patrimoniales no susceptibles de producir renta.

-         Si la suma de la cuota integra supera el 70% indicado: se reducirá la cuota integra del impuesto del patrimonio, sin que la reducción pueda exceder del 80% de dicha cuota.

-         Tributación conjunta en IRPF: se acumularán las cuotas del IP.

6.      DEDUCCION DE IMPUESTOS A EXTRANJEROS

-         En obligación personal, se deducirá la menor de:

-         Impuesto satisfecho en el extranjero.

-         El resultado de aplicar el tipo medio efectivo a la parte de Base Liquidable, gravada en el extranjero. (Tipo medio = cuota integra / base liquidable).

7.      BONIFICACION CUOTA EN CEUTA Y MELILLA

-         50% de la parte de cuota correspondiente a bienes sitos en Ceuta y Melilla.

8.      GESTION DEL IMPUESTO

-         Obligaciones sujetos pasivos: declaración, autoliquidación e ingreso.

-         Personas obligadas:

-         Sujetos pasivos con base imponible superior a 18.000.000 pesetas o cuando el valor de los bienes y derechos (activo) sea superior a 100.000.000 pesetas.

-         No residentes: en todo caso.

1.   MODELOS DE RECIBOS DE SALARIOS O NOMINAS

        La liquidación y el pago del salario se deben realizar documentalmente, es decir, contra recibo. Se ha de entregar al trabajador un recibo individual y justificativo del pago del mismo. Dicho recibo se ha de ajustar al modelo aprobado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (por Orden de 27 de diciembre de 1994), salvo que por Convenio Colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establezca otro modelo que contenga con la debida claridad y separación las diferentes percepciones del trabajador, así como las deducciones que legalmente procedan.

            Los recibos de salarios que, sin eliminar ninguno de los elementos contenidos en el modelo oficial ni alterar su denominación, contengan modificaciones puramente formales, se considerarán ajustados a dicho modelo oficial.

Escrito por cursoscontabilidad el 21/12/2010 09:49 | Comentarios (0)

(LIVA ART. 97, RO 240211985 REDAC. RD 26711995, Y MODIFICADO POR RD 80196 DE 26 DE E

 (LIVA ART. 97, RO 240211985 REDAC. RD 26711995, Y MODIFICADO POR RD 80196 DE 26 DE ENERO)

El sujeto pasivo, que proceda la deducción de¡ impuesto soportado en sus adquisiciones de bienes o servicios, debe estar en situación de acreditar este derecho en el momento en que se ejercita.

La acreditación existe sólo cuando se posee el documento justificativo de¡ derecho y se cumplen determinados requisitos formales. Estamos hablando de la factura y documentos equivalentes.

Las facturas y sus copias o matrices han de contener unos datos mínimos que son los siguientes:

1 .Número y, en su caso, serie. La numeración debe ser correlativa.

2. Nombre, apellidos o denominación social, NIF y domicilio tanto de¡ expedidor corno del destinatario.

3. Descripción de la operación y contraprestación total. 4. Lugar y fecha de emisión.

S. Figurarán claramente y por separado los siguientes conceptos: base imponible, tipo tributario aplicable y cuota repercutida.

6. La factura original debe ser expedida por quien realice la entrega del bien o preste el ser- vicio y debe emitirse operación por operación (salvo la posibilidad de incluir en una sola factura según el art. 4 del RD 1624192).

7. También justifican el derecho a deducción de las cuotas soportadas: el documento acreditativo del pago del impuesto en la importación; el documento expedido por el sujeto pasivo en que se contenga la liquidación del impuesto en el supuesto de inversión del sujeto pasivo y en las adquisiciones intracomunitarias de bienes (art. 165.Uno LIVA) y el recibo original firmado por el titular de la explotación agraria, forestal, ganadera o pesquera (art. 134.Tres LIVA).

La no emisión de facturas está permitida por la Administración (art. 4 RD 1624192) en determinadas operaciones.

No podrá deducirse en cuantía superior a la cuota tributario expresa y separadamente consignada que haya sido repercutida, o en su caso, satisfecha según el documento justificativo de la deducción.

Tratándose de bienes adquiridos en común por varios sujetos pasivos, cada uno de los adquirentes podrá efectuar la deducción de la parte proporciona¡ del ¡VA soportado correspondiente, siempre que en el original y en el duplicado de la factura o documento justificativo se consigne, de forma distinta y separada, la porción de base imponible y cuota repercutida a cada uno de los adquirentes (art. 97.Cuatro LIVA).

Exclusiones y restricciones del derecho a deducir

(LIVA ART. 96)

La Ley de¡ Impuesto excluye expresamente la posibilidad de deducir el Impuesto soportado en relación con determinados bienes o servicios. Ello implica que no podrán ser objeto de deducción las cuotas de ¡VA soportadas en relación con las operaciones que a continuación se indican, que guarden relación con:

• Automóviles de turismo y sus remolques, motocicletas, embarcaciones deportivas o de  recreo.

Sin embargo, como excepción, las cuotas soportadas de IVA sí serán deducibles cuando se destinen exclusivamente al transporte de mercancías, de viajeros mediante contra- prestación, de enseñanza,    promoción de ventas, servicios de vigilancia, agentes comerciales y, en general, aquellos cuya utilización no dé lugar a retribución en especie, según la normativa del 1 RPF (arts. 26 y 27 de la ley 18/1 991) y, además, estén afectos a la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo.

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• Servicios de desplazamientos o viajes, incluidos los de manutención o estancia, salvo que el importe de los mismos tuviera la consideración de deducible a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades, es decir, cuan- do éstos se produjeran fuera del lugar de residencia del sujeto pasivo y no excedan de determinados límites.
• Los alimentos, tabaco, bebidas, servicios de hostelería, restaurante o espectáculos.
• Bienes de carácter suntuario como joyas y objetos de arte (art. 136 LIVA).
• Bienes y servicios destinados a atenciones a clientes, asalariados o a terceras personas, con las excepciones contempladas en el art. 96 uno 59 LIVA.

EXENCIONES

(LIVA art. 20, RIVA arts. 4 a 8)

Las exenciones en el IVA perturban la neutralidad de¡ impuesto, ya que interrumpen el mecanismo de las deducciones y, como consecuencia, los sujetos pasivos se verán obligados a incluir en el precio del bien la cuota de IVA soportada no deducida.

Las operaciones exentas suponen una variante de las operaciones sujetas, es decir, constituyen hecho imponible de¡ impuesto, pero, aunque éste se realiza, no nace la obligación tributaria de pago porque la ley, por diferentes motivos, las exime de tributar.

Es necesario distinguir entre exenciones plenas y exenciones limitadas. Las primeras, relacionadas en la mayoría de los casos con el tráfico exterior, no van a impedir la deducción de las cuotas soportadas en su adquisición o transformación; mientras las segundas, ligadas a operaciones interiores, no existe derecho a deducir tales cuotas soportadas.

Las exenciones se clasifican en los siguientes grupos:

1. Exenciones en operaciones interiores.

2. Exenciones relativas a las exportaciones.

3. Exenciones asimiladas a las exportaciones.

4. Exenciones en adquisiciones intracomunitarias de bienes.

S. Exenciones relativas a áreas exentas y regímenes aduaneros suspensivos.

6.Exenciones relativas a las importaciones.

Exenciones en operaciones interiores (art. 20 LIVA):

Pueden agruparse atendiendo a los criterios marcados por la ley en los siguientes grupos:

1. Servicios públicos postales.
2. Medicina y sanitarias.
3. Asistencia social, cultura¡ y deportiva.
4. Educación y enseñanza.
5. Operaciones de seguro y financieras.
6. Efectos timbrados.
7. Loterías y juegos.
8. Operaciones inmobiliarias.
9. Propiedad intelectual.
10. Exenciones técnicas.

Las exenciones contempladas en los números 20, 21 y 22 de¡ art. 20, número Uno, LIVA y que hacen referencia a aquéllas de tipo inmobiliario (a saber, las entregas de terrenos rústicos y no edificabas, entregas de terrenos a las Juntas de compensación y las adjudicaciones posteriores efectuadas por dichas Juntas, y las segundas y posteriores entregas de edificaciones) pueden ser renunciadas por el sujeto pasivo transmitente, según la establecido del art. 20.Dos LIVA, siempre que cumplan con los requisitos formales establecidos en el art. 8 del RIVA. Al efectuar la renuncia a la exención, la operación quedará sujeta al impuesto y, por lo tanto, la tribulación por ¡VA resultará favorable para el adquirente que se podrá deducir el IVA soportado en la adquisición. En caso de que no pudiera ejercitarse dicha opción, el adquirente quedaría sujeto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad transmisión patrimonial onerosa, y no podría recuperar el coste de¡ Impuesto, integrado en el valor de¡ bien, más que vía amortización del mismo.

Escrito por cursoscontabilidad el 20/12/2010 09:11 | Comentarios (0)

10. Es increíble, allí solo hay lances invero_ímiles y episodios incone_os.

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11. Se trata del apue_to heredero de una rancia e_tirpe.

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12. El romántico se rebela desme_urada y e_cepcionalmente ante su amor.

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13. La te_tura o acción de tejer pu_o en difícil situación al vejete.

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14. El buzo e_trajo al obi_po y al profeta del fondo de los mares.

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15. Las alteraciones en el e_perma producen e_terilidad.

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16. El e_pediente e_puesto hace reflexiones sobre la amplitud del problema.

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17. La situación e_ige e_cluir a Estados Unidos para evitar la conflagración.

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18. En aquella e_cursión anduvimos ba_tante durante todo el día nublado.

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19. La ine_perada enajenación e_cede de lo normal.

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Escrito por cursoscontabilidad el 17/12/2010 09:26 | Comentarios (0)

“En la (cárcel) hay (césped) y (néctar) de (Rodríguez) el preso.”

“En la (cárcel) hay (césped) y (néctar) de (Rodríguez) el preso.”

“cárcel”

“césped”

“néctar”

“Rodríguez”

“4”

“Las palabras que hay en el (álbum) de (Perez) (tienen) (acento).”

“álbum”

“Perez”

“tienen”

“acento”

“2”

“El niño (tuvo) un (tubo) de (vídrio) en la (baca) del coche.”

“tuvo”

“tubo”

“vídrio”

“baca”

“3”

“El nuevo (empresário), (envasó) el (agua) del (embalse).”

“empresário”

“envasó”

“agua”

“embalse”

“1”

“(Huíamos) cuando (construímos) el puente (aéreo) de (Portugal).”

“Huíamos”

“construímos”

“aéreo”

“Portugal”

“2”

“Ese hombre (diseccionó) con (discreción) al (buho) al (derribarlo).”

“diseccionó”

“discreción”

“buho”

“derribarlo”

“3”

“Se (asomó) al (pretil) del (pozo) que (construí) con mis manos.”

“asomó”

“pretil”

“pozo”

“construí”

“2”

“El (etiope) (trabajó) con (tesón) y de forma muy (hábil) la roca.”

“etiope”

“trabajó”

“tesón”

“hábil”

“1”

“Mi (socio) (aún) no ha llegado del (Peru) con (colibríes) de color azul.”

“socio”

“aún”

“Peru”

“colibríes”

“3”

4.5. DERECHOS Y DEBERES EN LA NORMATIVA AUTONÓMICA

No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.

Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.

No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.

Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.

Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.

4.4.3. Principios de conducta.

Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.

El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.

Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.

Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.

Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.

Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.

Mantendrán actualizada su formación y cualificación.

Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.

Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.

Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.

4.5. DERECHOS Y DEBERES EN LA NORMATIVA AUTONÓMICA

4.5.1. Derechos[1].

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a.  A la permanencia en esta situación, y a la inamovilidad en la residencia salvo que las necesidades del servicio lo impidan, limitado a los supuestos previstos legalmente.

b.  A la remuneración de sus servicios.

c.  A la carrera administrativa.

d.  Al ejercicio del derecho de participación, sindicación, negociación colectiva y huelga, de conformidad con lo establecido en las leyes.

e.  A la Seguridad Social y a la asistencia sanitaria, de acuerdo con lo establecido en las leyes.

f.  Al perfeccionamiento o formación continuada y permanente.

g.  Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.

h.  Al acceso libre y directo a su expediente personal.

i.  Cualquier otro derecho reconocido en esta Ley o en otras leyes de aplicación a la Generalitat Valenciana.

Los funcionarios y las funcionarias tendrán también derecho a:

a.  Vacación anual retribuida.

b.  Licencias por:

oEnfermedad

oMatrimonio

oParto o maternidad

oEstudios sobre materias directamente relacionadas con la función pública

oAsuntos propios.

c.  Permisos establecidos por la legislación general y a los fijados por vía reglamentaria en la que se determinarán, además, los plazos, efectos económicos, circunstancias y condiciones para su otorgamiento y se adaptará su regulación a la establecida para el personal funcionario de la Administración del Estado.

La Generalitat Valenciana, en los límites que determinen las leyes de presupuestos, fomentará instituciones sociales, cooperativas y recreativas y cuanto contribuya a la mejora de las condiciones de trabajo y formación general del personal funcionario. Para el fomento de tales instituciones se contará con la colaboración de sus representantes legales.

Escrito por cursoscontabilidad el 15/12/2010 09:48 | Comentarios (0)

2. REGULACIÓN EN EL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO.

2. REGULACIÓN EN EL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO.

2.1. CONCEPTO Y CLASES DE EMPLEADOS PÚBLICOS.

Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.

Los empleados públicos se clasifican en:

a.  Funcionarios de carrera.

b.  Funcionarios interinos.

c.  Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.

d.  Personal eventual.

2.2. FUNCIONARIOS DE CARRERA.

Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la Ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.

2.3. FUNCIONARIOS INTERINOS.

Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a.  La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.

b.  La sustitución transitoria de los titulares.

c.  La ejecución de programas de carácter temporal.

d.  El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses.

La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas en el artículo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.

En el supuesto previsto en la letra a del apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización.

A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.

2.4. PERSONAL LABORAL.

Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.

C) Licitación

C) Licitación

• Índice

Los órganos de contratación fijarán los plazos de recepción de las ofertas y solicitudes de participación teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar aquéllas, atendida la complejidad del contrato, y respetando, en todo caso, los plazos mínimos.

• Índice

En caso de que el expediente de contratación haya sido declarado de tramitación urgente, los plazos establecidos se reducirán.

• Índice

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de la licitación pública.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto sobre admisibilidad de variantes o mejoras y sobre presentación de nuevos precios o valores en el seno de una subasta electrónica. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

En los contratos de concesión de obra pública, la presentación de proposiciones diferentes por empresas vinculadas supondrá la exclusión del procedimiento de adjudicación, a todos los efectos, de las ofertas formuladas. No obstante, si sobreviniera la vinculación antes de que concluya el plazo de presentación de ofertas, o del plazo de presentación de candidaturas en el procedimiento restringido, podrá subsistir la oferta que determinen de común acuerdo las citadas empresas.

En los demás contratos, la presentación de distintas proposiciones por empresas vinculadas producirá los efectos que reglamentariamente se determinen en relación con la aplicación del régimen de ofertas con valores anormales o desproporcionados.

En uso de sus funciones ejecutivas y administrativas, compete al Consell:

En uso de sus funciones ejecutivas y administrativas, compete al Consell:

• Nombrar y separar a los altos cargos de la administración de la Generalitat Valenciana, a propuesta del conseller correspondiente.

• Designar o proponer, en su caso, al Gobierno del Estado, las personas que han de formar parte de los órganos de la administración de las Empresas Públicas u otras instituciones de carácter económico o financiero de titularidad estatal implantadas en el ámbito territorial de la Generalitat Valenciana, así como designar a dichos representantes en este tipo de empresas o instituciones dependientes de la Comunidad Autónoma, salvo que por la Ley se atribuya la designación a otro órgano.

• Reglamentar e inspeccionar el funcionamiento de las Diputaciones Provinciales, organismos e instituciones y demás entes locales, en cuanto que ejecuten competencias delegadas de la Generalitat Valenciana.

• Aprobar las directrices de coordinación que habrán de aplicar las Diputaciones Provinciales en las materias declaradas de interés general para la Comunidad Valenciana, así como atribuir a los distintos órganos de la Administración de la Generalidad el ejercicio de las competencias de información, comprobación y control que de aquéllas se deriven.

• Proponer a las Cortes Valencianas, para su debate y aprobación, las convenios y acuerdos de colaboración con el estado y las demás comunidades autónomas, en materia de competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de las Cortes Valencianas.

• Suscribir convenios y acuerdos de cooperación con e1 estado, otras comunidades autónomas e instituciones públicas, sin perjuicio de su debate y previa aprobación por las Cortes Valencianas y autorización de las Cortes Generales en los casos en que ésta procediera.

• Proponer a las Cortes Valencianas la creación de personas jurídicas públicas y privadas, o en su caso, crearlas para el ejercicio de competencias de la Generalitat Valenciana.

• Proponer ante el órgano competente la convocatoria de concursos y oposiciones para cubrir plazas vacantes de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y demás personal al servicio de la Administración de Justicia.

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• Nombrar a los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles, de conformidad con las leyes del Estado. Nombrar a los Agentes de Cambio y Bolsa y a los Corredores de Comercio.

• Participar en la fijación de demarcaciones correspondientes a los Registros de la Propiedad y Mercantiles, demarcaciones notariales y número de Notarios, así como de las oficinas liquidadoras con cargo a los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, de acuerdo con lo que prevén las leyes del Estado. Nombrar a los Notarios y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, de conformidad con las leyes del Estado.

Las funciones del Consell en materia normativa se concretan en las siguientes competencias:

• Proponer a Les Corts la reforma del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

• La iniciativa legislativa, mediante la aprobación de los proyectos de ley para su remisión a Les Corts acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos. El Consell podrá retirar el proyecto de ley en cualquier momento de su tramitación ante Les Corts, siempre que no hubiere recaído acuerdo final de éstas.

• Dictar decretos legislativos en los términos y con las formalidades previstas en la presente Ley. Para el control de esta legislación delegada por Les Corts, se estará a lo dispuesto en su Reglamento.

• Dictar Decretos-leyes.

• Elaborar los proyectos de ley de presupuestos de la Generalitat para ser presentados a Les Corts al menos con dos meses de antelación al comienzo del correspondiente ejercicio. A esta competencia se añaden las demás facultades estatutarias en materia presupuestaria.

• Ejercer la potestad reglamentaria.

• Emitir deuda pública para gastos de inversión, previo acuerdo de Les Corts

Escrito por cursoscontabilidad el 10/12/2010 11:00 | Comentarios (0)

1.2. ARTÍCULO 118. OBLIGATORIEDAD DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

1.2. ARTÍCULO 118. OBLIGATORIEDAD DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

1.3. ARTÍCULO 119. GRATUIDAD DE LA JUSTICIA

La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

1.4. ARTÍCULO 120. PUBLICIDAD DE ACTUACIONES JUDICIALES

Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.

El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.
Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

1.5. ARTÍCULO 121. RESPONSABILIDAD JUDICIAL

Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley.

1.6. ARTÍCULO 122. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

1.7. ARTÍCULO 123. TRIBUNAL SUPREMO

El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.

El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.

1.8. ARTÍCULO 124. MINISTERIO FISCAL

El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

1.9. ARTÍCULO 125. PARTICIPACIÓN POPULAR

Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

1.10. ARTÍCULO 126. POLICÍA JUDICIAL

La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.

1.11. ARTÍCULO 127. INCOMPATIBILIDADES

Los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.

La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos. 

1.12. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

De todo lo dicho hasta el momento, podemos concluir que los principios constitucionales predicables del Poder Judicial, y de la justicia, son los siguientes:

-         Exclusividad jurisdiccional

-         Origen popular de la Justicia

-         Independencia de Jueces y Magistrados

-         Sometimiento al imperio de la Ley

-         Gratuidad

-         Publicidad de las actuaciones judiciales

-         Oralidad, especialmente en materia criminal

-         Responsabilidad

-         Unidad jurisdiccional

Escrito por cursoscontabilidad el 09/12/2010 09:25 | Comentarios (0)

3.2.5.Referéndum

3.2.5.Referéndum

·        S. M. el Rey sometió a referéndum de la Nación el Proyecto de Constitución por Real Decreto 2560/1978, de 3 de noviembre, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 6 de noviembre de 1978.

·        Celebrado el referéndum el día 6 de diciembre de 1978, la Constitución quedó sancionada con el siguiente resultado: de 26.632.180 ciudadanos con derecho a voto, votaron 17.873.301, de los cuales 15.706.078 lo hicieron a favor de la aprobación del Proyecto de Constitución; 1.400.505, en contra; 632.902, en blanco, y 133.786 papeletas nulas. (El resumen de la votación fue publicado por la Junta Electoral Central en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de diciembre de 1978.)

3.2.6. Promulgación

·        La Constitución fue promulgada por S. M. el Rey al término de la sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado celebrada en el Palacio de las Cortes el día 27 de diciembre de 1978.

3.2.7.Publicación

·        El texto de la Constitución fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 29 de diciembre de 1978, número 311.1. El mismo día, el «Boletín Oficial del Estado» publicó las versiones Balear, Catalana, Gallega, Valenciana  y Euskera.

3.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Destacamos las notas en las que la doctrina jurídica ha realizado mayor hincapié. Son las siguientes:

-         Define un régimen político democrático parlamentario clásico o democracia occidental.

-         Es una Constitución rígida en cuanto a su procedimiento de reforma.

-         Es una Constitución extensa, sólo superada por la de 1812, con 169 artículos y más de 17.000 palabras. Porque había una intención de incluir el mayor numero posible de temas para que quedaran blindados por la supremacía jerárquica de la Ce.

-         Es una Constitución inacabada y ambigua que se remite en demasiadas ocasiones a normas de desarrollo.

-         Posee aplicabilidad directa e inmediata.

-         Es fruto de la conciliación y el compromiso ideológico. No obstante todas las Constituciones democráticas son fruto de una conciliación o pacto previo. La característica en el caso español se concreta en que en la voluntad de esa negociación estuvo el hacer una nueva Constitución de nueva planta y no en reformas las leyes del régimen anterior; en aspectos concretos de la regulación contenida como la monarquía parlamentaria o la descentralización territorial y por último,  adoptó algunas formulas abiertas cuando no era posible seguir el consenso optándose por dejar el texto abierto.

-         Es una Constitución derivada por las influencias recibidas en su redacción.

4. SISTEMÁTICA Y ESTRUCTURA

4.1.ESTRUCTURA

La estructura de la Constitución española de 1978, consta de 169 artículos. Su estructura esquemática es la siguiente:

                                   Preámbulo ( sin fuerza jurídica)

                                   Título Preliminar

                                   10 Títulos

                                   4 Disposiciones Adicionales

                                   9 Disposiciones Transitorias

                                   1 Disposición Derogatoria

                                   1 Disposición Final

La doctrina jurídica, establece que esa estructura se ha ido consolidando en los textos constitucionales democrático- liberales, en los siguientes bloques:

-         Preámbulo

-         Parte Dogmática: incluye el Título Preliminar, el Título Primero y la declaración de los valores primarios del Estado y de los derechos y libertades.

-         Parte Orgánica: abarca los Títulos del II al IX, dedicándolos a la organización de los poderes del Estado y la parte reformista del Título X, aunque hemos de advertir, que una parte de la doctrina considera que este último forma parte independiente de las demás

El contenido y estructura de cada uno de ellos, es el siguiente:

-         Preámbulo: es la única parte de la Constitución que no tiene fuerza jurídica.

-         Título Preliminar- Art. 1 al 9

-         Título I- De los derechos y deberes fundamentales- Art. 10 a 55

-         Título II- De la Corona- Art. 56 a 65

-         Título III- De las Cortes Generales- Art. 66 a 96

-         Título IV- Del Gobierno  y de la Administración. Art. 97 a 107.

-         Título V- De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales- Art. 108 a 116

-         Título VI- Del Poder Judicial- Art. 117 a 127

-         Título VII- Economía y Hacienda- Art. 128 a 136

-         Título VIII- De la Organización Territorial del Estado- Art- 137 a 158

-         Título IX- Del Tribunal Constitucional- Art. 159 a 165- Título X- De la Reforma Constitucional- Art. 166 a 169

-         4 Disposiciones Adicionales

-         9 Disposiciones Transitorias

-         1 Disposición Derogatoria

-         1 Disposición Final

Escrito por cursoscontabilidad el 03/12/2010 11:33 | Comentarios (0)

2.5. Recibos de presentación

2.5. Recibos de presentación

La expedición de los recibos acreditativos de la fecha de presentación de cualquier solicitud, escrito o comunicación, a los que se refiere el artículo 70.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los lugares señalados en el artículo 2.1 de este Real Decreto, se efectuará en el mismo momento de la presentación de la solicitud, escrito o comunicación.

Cuando la solicitud, escrito o comunicación esté en soporte papel y la presentación se efectúe por el ciudadano o su representante acompañando una copia, el recibo consistirá en la mencionada copia en la que se hará constar el lugar de presentación, así como la fecha.

En este supuesto, el órgano competente para expedir el recibo deberá verificar la exacta concordancia entre el contenido de la solicitud, escrito o comunicación original y el de su copia.

Si el ciudadano o su representante no la aportase, el órgano competente podrá optar por realizar una copia de la solicitud, escrito o comunicación con iguales requisitos que los señalados en el párrafo anterior o por la expedición de un recibo en el que además conste el remitente, el órgano destinatario y un extracto del contenido de la solicitud, escrito o comunicación.

Cuando en los supuestos previstos en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en la Administración General del Estado, el ciudadano efectúe la presentación a través de soportes, medios o aplicaciones informáticas, electrónicas o telemáticas, el recibo se expedirá de acuerdo con las características del soporte, medio o aplicación y deberá reunir los requisitos expresados en los apartados

3. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos:

·        A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos.

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·        A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

·        A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento.

·        A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre  y en el resto de Ordenamiento Jurídico.

·        A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

·        A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante.

·        A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

·        Al acceso a los registros y archivos de las Administraciones Públicas en los términos previstos en la Constitución y en las Leyes.

·        A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

·        A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente.

·        Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes.

4. DERECHOS DE ACCESO A ARCHIVOS Y REGISTROS PÚBLICOS

Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen o el tipo de soporte material en que figuren, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud.

El acceso a los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas estará reservado a éstas, que, en el supuesto de observar que tales datos figuran incompletos o inexactos, podrán exigir que sean rectificados o completados, salvo que figuren en expedientes caducados por el transcurso del tiempo, conforme a los plazos máximos que determinen los diferentes procedimientos, de los que no pueda derivarse efecto sustantivo alguno.

El acceso a los documentos de carácter nominativo que sin incluir otros datos pertenecientes a la intimidad de las personas figuren en los procedimientos de aplicación del derecho, salvo los de carácter sancionador o disciplinario, y que, en consideración a su contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, podrá ser ejercido, además de por sus titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo y directo.

Escrito por cursoscontabilidad el 01/12/2010 09:01 | Comentarios (0)

Artículo 139

En relación con la autonomía, hemos de establecer también el principio general derivado del artículo 2 de la Constitución. Este artículo establece que:

“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

Partiendo de esta afirmación, en la que aparecen los principios de unidad nacional, autonomía y solidaridad territoriales, el Título VIII construye lo que se ha dado en llamar “Estado de las Autonomías”, una fórmula intermedia entre el denominado “Estado centralizado” y el “Estado federal”.  La explicación de esta opción realizada por el constituyente tiene principalmente, las siguientes causas.

a)     Históricas. A raíz de la aprobación de la Constitución española de 1931 se estableció un sistema autonómico que no pudo desarrollarse como consecuencia de la Guerra Civil española de 1936, pero que dio sus frutos en la aprobación de los Estatutos de Autonomía de las actualmente denominadas “comunidades históricas”, Cataluña, País Vasco y Galicia. Por tanto, en la Constitución de 1978 se trató de recuperar ese proceso abortado.

b)     Políticas. Si es cierto que España fue el primer Reino unificado de Europa, no es menos cierto que las diferencias entre los pueblos que la integran crearon, a lo largo de la historia, profundas e importantes divergencias en torno al grado de poder que conservaban éstos frente al poder central.  La solución vino por la creación de esta formula mixta donde se establece el principio de unidad, pero al mismo tiempo, se reconoce el principio de autonomía de nacionalidades y regiones.

En relación con la Administración Local, como veremos, el grado de autonomía se aplica solo en lo referente a la gestión de sus propios intereses, pero no participa del grado analizado anteriormente al citar el artículo 2 de la Constitución.

El Título VIII de la Constitución establece además los principios básicos de la organización territorial reiterando en su artículo 138 el principio de solidaridad y lo matiza en relación con los ciudadanos, en su artículo 139 al establecer el principio de igualdad en materia de derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio.

El contenido exacto de estos artículos es el siguiente:

Artículo 138

-         El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el Art. 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

-         Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

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Artículo 139

-         Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

-         Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. 

De todo lo anterior, extraemos las siguientes consecuencias sobre el estado de las autonomías:

1. Se trata de un reconocimiento constitucional, es decir recogido en la Constitución.

2. Los sujetos autonómicos son múltiples.

3. Las entidades que son sujeto de autonomía no se hallan relacionadas entre sí en base al principio de jerarquía o subordinación, sino que están estructuradas en base a los principios de independencia, coordinación y competencia.

4. El proceso autonómico español se caracteriza por ser de naturaleza abierta.

Hemos de entender que las diferencias entre las Comunidades Autónomas y los Municipios y las Provincias, a pesar de estar enunciados todos ellos como sujetos de la autonomía son profundamente divergentes. A modo de resumen diremos que:

Las Comunidades Autónomas tienen personalidad jurídica propia independiente del Estado siendo auténticas entidades de derecho público y no simples órganos del estado o de su administración.

Ello se concreta en:

-         Autonomía política. Pueden asumir y ejecutar decisiones políticas propias y diferentes a las del Estado. Es una autonomía superior a la de las entidades provinciales y municipales, va más allá de una autonomía meramente administrativa, con potestades legislativas y de gobierno.

-         Autonomía normativa. Tienen potestad normativa, es decir capacidad legislativa.

-         Autonomía institucional y de gobierno. Tienen competencias para configurar y estructuras de ordenación institucional y de gobierno.

-         Autonomía administrativa. Además de aprobar sus propias normas de ordenación normativa sobre materias de su competencia, están habilitadas para proceder a su ejecución.

-         Autonomía financiera. Gozan de esta autonomía para satisfacer sus competencias, asignándoles la constitución los recursos necesarios para la gestión de sus intereses, en coordinación con la hacienda estatal y con  la aplicación del principio de solidaridad con el resto de los españoles.

Los municipios y provincias también tienen autonomía para la satisfacción de sus fines, pero diferencia de las comunidades autónomas tan sólo se trata de autonomía administrativa y financiera.

Escrito por cursoscontabilidad el 26/11/2010 10:20 | Comentarios (0)

5.8.3. Cuantía de las pensiones y cálculo de las mismas

5.8.3. Cuantía de las pensiones y cálculo de las mismas

El cálculo de la pensión extraordinaria de jubilación o retiro se verificará con la particularidad de que se entenderán como de servicios efectivos prestados en el cuerpo, escala, plaza, empleo o categoría a que figurara adscrito el causante de los derechos al momento en que se produzca la declaración de jubilación o retiro, los años completos que le faltaran para alcanzar la correspondiente edad de jubilación o retiro forzoso y de que el haber regulador o los haberes reguladores que correspondan se tomarán al 200%.

El cálculo de las pensiones en favor de los familiares del funcionario fallecido o desaparecido en acto de servicio o como consecuencia de éste, se verificará, según la clase de pensión de que se trate, tomándose, en todo caso, los años completos que faltaran al causante de los derechos para alcanzar la correspondiente edad de jubilación o retiro forzoso como años de servicios efectivos prestados en el cuerpo, escala, plaza, empleo o categoría a que estuviera adscrito al momento del fallecimiento a efectos de la determinación de la base reguladora correspondiente, con la particularidad de que dicha base reguladora se tomará al 200% para el señalamiento de la correspondiente pensión.

Cuando las pensiones extraordinarias se hayan originado como consecuencia de actos de terrorismo, la cuantía de las mismas en favor del propio causante será del 200% del haber regulador correspondiente, al cuerpo, escala plaza, empleo o categoría de ultima adscripción de aquél, y en favor de sus familiares será del 200% de la pensión de jubilación o retiro que se hubiera señalado en circunstancias ordinarias al causante.

A estos efectos, cuando la pensión corresponda al cónyuge del causante y a los hijos del mismo con aptitud legal para su percibo, la mitad de su importe se asignará al cónyuge y la otra mitad se dividirá por partes iguales entre todos los hijos para determinar la cuantía de la pensión que corresponde individualmente a cada uno. Cuando corresponda a los padres, viviendo ambos, se dividirá a partes iguales entre los dos, si tuvieran aptitud legal para su percibo.

3.1.15. Derecho de petición. Art. 29.

3.1.15. Derecho de petición. Art. 29.

Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

No obstante, los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. 

4. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS.

Como indicábamos, los derechos y deberes de los ciudadanos se contienen en la Sección 2ª, del Capítulo II, del Título I de la Constitución española de 1978, comprendiendo los artículos del 30 al 38, ambos incluidos.

Procedemos a su estudio a continuación.

4.1. DEBER Y DERECHO DE DEFENSA

Recogido en el artículo 30.

Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.

La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.

Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.

Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

4.2. DEBER DE CONTRIBUCIÓN

Recogido en el artículo 31.

Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

4.3. DERECHO AL MATRIMONIO

Recogido en el artículo 32.

El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.

La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

4.4. DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA Y A LA HERENCIA

Recogido en el artículo  33.

Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.

Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

4.5. DERECHO DE FUNDACIÓN

Establecido en el artículo 34.

Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley.

Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del Art. 22.

4.6. DERECHO Y DEBER DE TRABAJAR

Establecido en el artículo 35.

Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

4.7. COLEGIOS PROFESIONALES

El régimen jurídico de los Colegios Profesionales, queda establecido en el artículo 36.

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

Escrito por cursoscontabilidad el 24/11/2010 09:19 | Comentarios (0)

4.1.7. Artículo 123. Tribunal supremo

4.1.7. Artículo 123. Tribunal supremo

El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.

El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.

4.1.8. Artículo 124. Ministerio fiscal

El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

Recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, a fin de que pueda disponer la comparecencia de la persona elegida ante la Comisión correspondiente de la Cámara, en los términos que prevea su reglamento a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto.

Una vez nombrado, el Fiscal General del Estado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.

El Fiscal General del Estado tendrá carácter de autoridad en todo el territorio español y se le guardará y hará guardar el respeto y las consideraciones debidos a su alto cargo. En los actos oficiales ocupará el lugar inmediato siguiente al del Presidente del Tribunal Supremo.

El mandato del Fiscal General del Estado tendrá una duración de cuatro años. Antes de que concluya dicho mandato únicamente podrá cesar por los siguientes motivos:

a.     a petición propia,

b.     por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en esta Ley,

c.      en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo,

d.     por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones,

e.     cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto.

El mandato del Fiscal General del Estado no podrá ser renovado, excepto en los supuestos en que el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años.

La existencia de las causas de cese mencionadas en los apartados a, b, c y d del número anterior será apreciada por el Consejo de Ministros.

Serán aplicables al Fiscal General del Estado las incompatibilidades establecidas para los restantes miembros del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las facultades o funciones que le encomienden otras disposiciones del mismo rango.

Su régimen retributivo será idéntico al del Presidente del Tribunal Supremo.

Si el nombramiento de Fiscal General recayese sobre un miembro de la Carrera Fiscal quedará en situación de servicios especiales.

5.1. TRIBUNAL SUPREMO

5.1. TRIBUNAL SUPREMO

El Tribunal Supremo, con sede en la villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Tendrá jurisdicción en toda España y ningún otro podrá tener el título de Supremo.

El Tribunal Supremo se compondrá de su Presidente, los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la ley para cada una de las Salas y, en su caso, Secciones en que las mismas puedan articularse.

El Tribunal Supremo estará integrado por las siguientes Salas:

·        Primera, de lo Civil.

·        Segunda, de lo Penal.

·        Tercera, de lo Contencioso-administrativo.

·        Cuarta, de lo Social.

·        Quinta, de lo Militar.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conocerá:

1º) De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia civil que establezca la ley.

2º) De las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, dirigidas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado, Defensor del Pueblo y Presidente y Consejeros de una Comunidad Autónoma, cuando así lo determine su Estatuto de Autonomía.

3º) De las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá: